El Gobierno echa para atrás la reforma de la ley de alquiler
35 días después de la presentación y entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Congreso la ha echado para atrás tras perder el apoyo de Podemos.
Las consecuencias sobre propietarios y arrendatarios de viviendas son inmediatas. A partir de ayer, día 23 de enero de 2019, la ley que se tendrá en cuenta es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 la que debilita la protección de los arrendatarios.
Aún así, las personas que hayan firmado un contrato de arrendamiento entre las fechas del 18 de diciembre hasta el 22 de enero tendrán la seguridad de que las condiciones firmadas permanecerán hasta el fin del contrato.
Por ello, un pequeño grupo de arrendatarios se beneficiarán del alquiler con vigencia de cinco años y estarán exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Si los caseros te exigen que hay que modificar el contrato, tienes que saber que no estás obligado a hacerlo. Esto supone que, en un período de 5 años, habrá arrendadores con más responsabilidades que los demás y unos inquilinos con más derechos.
Condiciones legales vigentes a partir del 23 de enero
Las condiciones legales vigentes quedarían como anteriormente estaban:
– Los caseros tienen derecho a exigir los avales que quieran o la cantidad de fianza que crean oportuna.
– El plazo mínimo de los contratos vuelve a ser de tres años y también se recortan las prórrogas tácitas que pasan a ser de un máximo de un año.
– Los inquilinos deberán pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cosa que con la ley derogada no debían hacerlo.
Otro impuesto que deberán pagar es el Impuesto de Bienes Inmuebles para aquellos que alquilen una vivienda de alquiler social a Administraciones o entes públicos.
– Queda derogada también la medida que protegía al colectivo afectado por los desahucios en situación vulnerable. Esta norma obligaba a los servicios sociales a hacer un informe al juzgado sobre la situación de los inquilinos.
– En el alquiler turístico, ya no se podrá limitar o condicionar esta actividad por parte de la comunidad de vecinos para favorecer la convivencia del edificio.
Aunque se ha echado atrás la ley, el Gobierno sigue trabajando para crear una Ley Estatal de la Vivienda.
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